Diversos sectores y el gobierno de Ecuador se han enfrascado en una intensa polémica por el proyecto de Ley de Comunicación, que será sometido a primer debate del pleno de la Asamblea Nacional el 10 de diciembre próximo.
Los medios de comunicación y sus gremios sostienen que ese proyecto está destinado a coartar la libertad de expresión, como parte de una estrategia del gobierno del presidente Rafael Correa para impedir voces disidentes y con ese criterio lo califican como ley mordaza.
Por su parte, el mandatario acusa a algunos de los grandes medios masivos de incurrir de manera frecuente en tergiversaciones con fines políticos y de representar grandes intereses económicos.
El proyecto de ley, de más de 100 artículos agrupados en seis capítulos y varias disposiciones transitorias, fue elaborado por una comisión de la Asamblea, que entregó su trabajo el pasado fin de semana al titular de ese organismo, Fernando Cordero.
La iniciativa contempla la creación del Consejo Nacional de Comunicación, que se encargará de vigilar el cumplimiento de los derechos de la comunicación y estará integrado por representantes del gobierno, los centros académicos y la ciudadanía.
La propuesta también contiene sanciones graduales que llegan hasta la suspensión del funcionamiento de aquellos medios que violen la ley de manera reiterada.
Además busca promover la formación de espacios de expresión para los pueblos autóctonos y asigna porcentajes iguales de frecuencias radioeléctricas a los medios privados, públicos y comunitarios.
La campaña de los medios contra el proyecto abarca a diario páginas de los periódicos destinadas a recordar casos de corrupción política o administrativa en los gobiernos, los cuales -aseguran- no habrían sido develados si no hubiese existido libertad de expresión.
Algunos canales de televisión y radioemisoras divulgan a diario frases de pensadores o políticos del mundo que destacan el valor de la libertad de expresión.
El asambleísta opositor César Montúfar, quien ha propuesto archivar la iniciativa, ha protagonizado plantones en Quito en contra del proyecto.
De manera habitual, el presidente Correa dedica un espacio de su informe sabatino al país a criticar contenidos en los que los medios violarían principios éticos de veracidad, para lo que utiliza con frecuencia un lenguaje mordaz.
De manera frecuente utiliza los espacios que por ley deben ceder los medios al gobierno para cuestionar o responder aseveraciones de la prensa.
En fechas recientes, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, insertó en un diario un suplemento de cuatro páginas, en el que las contadas frases desplegadas a la manera de anuncios publicitarios aludían a la petición de "más respeto".
Los medios privados también acusan al gobierno de utilizar los medios públicos, de reciente creación, y aquellos que fueron incautados a banqueros quebrados, para fines propagandísticos.
Al referirse a la oposición de los medios, la presidenta de la comisión que elaboró el proyecto, la oficialista Betty Carrillo, dijo que "ese es el poder que quieren seguir teniendo los dueños de los medios de comunicación".
Análisis:
Me parece que es una nota oportuna valga la coyuntura del tema. Se ha discutido bastante sobre la libertad de expresión y el periodista en este caso toma versiones de gente que está a favor, en contra de la ley y además la noticia advierte varios artículos de conflicto y que se debaten sobre la ley de comunicación. Es bastante enriquecedora, informativa y entendible para alguien que de todas maneras nunca hubiese leído nada sobre el tema.
Ecuavisa
26/Noviembre/2009
Los medios de comunicación y sus gremios sostienen que ese proyecto está destinado a coartar la libertad de expresión, como parte de una estrategia del gobierno del presidente Rafael Correa para impedir voces disidentes y con ese criterio lo califican como ley mordaza.
Por su parte, el mandatario acusa a algunos de los grandes medios masivos de incurrir de manera frecuente en tergiversaciones con fines políticos y de representar grandes intereses económicos.
El proyecto de ley, de más de 100 artículos agrupados en seis capítulos y varias disposiciones transitorias, fue elaborado por una comisión de la Asamblea, que entregó su trabajo el pasado fin de semana al titular de ese organismo, Fernando Cordero.
La iniciativa contempla la creación del Consejo Nacional de Comunicación, que se encargará de vigilar el cumplimiento de los derechos de la comunicación y estará integrado por representantes del gobierno, los centros académicos y la ciudadanía.
La propuesta también contiene sanciones graduales que llegan hasta la suspensión del funcionamiento de aquellos medios que violen la ley de manera reiterada.
Además busca promover la formación de espacios de expresión para los pueblos autóctonos y asigna porcentajes iguales de frecuencias radioeléctricas a los medios privados, públicos y comunitarios.
La campaña de los medios contra el proyecto abarca a diario páginas de los periódicos destinadas a recordar casos de corrupción política o administrativa en los gobiernos, los cuales -aseguran- no habrían sido develados si no hubiese existido libertad de expresión.
Algunos canales de televisión y radioemisoras divulgan a diario frases de pensadores o políticos del mundo que destacan el valor de la libertad de expresión.
El asambleísta opositor César Montúfar, quien ha propuesto archivar la iniciativa, ha protagonizado plantones en Quito en contra del proyecto.
De manera habitual, el presidente Correa dedica un espacio de su informe sabatino al país a criticar contenidos en los que los medios violarían principios éticos de veracidad, para lo que utiliza con frecuencia un lenguaje mordaz.
De manera frecuente utiliza los espacios que por ley deben ceder los medios al gobierno para cuestionar o responder aseveraciones de la prensa.
En fechas recientes, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, insertó en un diario un suplemento de cuatro páginas, en el que las contadas frases desplegadas a la manera de anuncios publicitarios aludían a la petición de "más respeto".
Los medios privados también acusan al gobierno de utilizar los medios públicos, de reciente creación, y aquellos que fueron incautados a banqueros quebrados, para fines propagandísticos.
Al referirse a la oposición de los medios, la presidenta de la comisión que elaboró el proyecto, la oficialista Betty Carrillo, dijo que "ese es el poder que quieren seguir teniendo los dueños de los medios de comunicación".
Análisis:
Me parece que es una nota oportuna valga la coyuntura del tema. Se ha discutido bastante sobre la libertad de expresión y el periodista en este caso toma versiones de gente que está a favor, en contra de la ley y además la noticia advierte varios artículos de conflicto y que se debaten sobre la ley de comunicación. Es bastante enriquecedora, informativa y entendible para alguien que de todas maneras nunca hubiese leído nada sobre el tema.
Ecuavisa
26/Noviembre/2009
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