El fiscal Washington Pesántez dijo hoy que no va a dimitir de su cargo, en respuesta al pedido que le hiciera ayer la Asamblea Nacional.
Recordó que el 30 noviembre de 2007 la Asamblea Constituyente, por consenso, lo designó como Fiscal General y que el Mandato 1, emitido en esa fecha, se encuentra plenamente vigente y que es jerárquicamente superior a la resolución que emitió ayer el Legislativo.
La moción, que ayer obtuvo 58 votos a favor, además de pedir la renuncia, proponía que se rechace la injerencia de la Fiscalía en el caso que investiga lo ocurrido con Natalia Emme, de 26 años. El pasado 14 de enero, la joven murió atropellada por un vehículo de la Fiscalía General del Estado, en el cual se movilizaba Aliz Borja, esposa de Pesántez.
Pasadas las 11:30 de hoy, el Fiscal General aseguró que por “la no existencia de motivos jurídicos ni legítimos para renunciar al cargo de Fiscal, como se insinuó en la resolución, y considerando que cualquier decisión en contrario permitiría que poderes fácticos asociados a organizaciones delictivas se tomen por asalto la institución encargada de investigar y perseguir el delito, que con hombría de bien y compromiso social lidero, con el aporte de los 2 000 funcionarios que actualmente conforman la Fiscalía y el respaldo ciudadano, me comprometo a continuar en la profunda transformación y depuración que emprendí en la institución a mi cargo”.
Frente a la resolución de los 58 asambleístas, “manifiesto, fiel a mis principios, mi decisión de permanecer al frente de la institución a la que sirvo con honestidad y dedicación”.
La Asamblea también solicitó a Pesántez que destituya a los 65 funcionarios de la Fiscalía que el 19 de enero publicaron un remitido en EL COMERCIO, en el cual se refirieron al caso Emme, para respaldar al Fiscal y a su esposa.
Pesántez dijo que para destituir se debe observar el debido proceso establecido en el art. 76 de la Constitución. “Por lo tanto, acogiendo parcialmente la exhortación de los 58 asambleístas, he dispuesto que se inicien los respectivos sumarios administrativos, a través del Departamento de Régimen Disciplinario, a fin de que se investigue si el manifiesto institucional transgrede normas legales o éticas que ameriten sanción, y en caso afirmativo proceder en conformidad”.
Propuso al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, y al Consejo de Administración, que designe una comisión de juristas, a fin de que analice el contenido del comunicado. También invitó al Consejo de la Judicatura para que vigile el trámite de los expedientes.
“Al mismo tiempo que reconozco la solidaridad de los funcionarios de la Fiscalía y su expresión de que se respete el principio de presunción de inocencia, manifestado en el comunicado, considero que fue poco oportuno y en adelante solicito se abstengan de hacerlo en asuntos inherentes a mi entorno familiar”.
Sobre el juicio penal que se lleva adelante por la muerte de Emme, añadió que se ha conformado una veeduría ciudadana integrada por Justicia Vial y Covial a la que puede integrarse la familia de la joven, para vigilar la independencia en el trámite.
Análisis:
Dentro de este tema donde se vincula la familia del Fiscal con su trabajo y la sentencia del juicio es indiscutible que la familia de la fallecida crea que no va a existir justicia. Mientras el Fiscal siga en el cargo existirán intereses de por medio que no le permitan actuar adecuadamente. Es por eso que este caso debe ser tomado por otra institución que no tenga vínculo alguno para que pueda actuar de manera justa tomando en cuenta todas las pruebas y declaraciones de los testigos.
El Comercio
27/Enero/2010
Recordó que el 30 noviembre de 2007 la Asamblea Constituyente, por consenso, lo designó como Fiscal General y que el Mandato 1, emitido en esa fecha, se encuentra plenamente vigente y que es jerárquicamente superior a la resolución que emitió ayer el Legislativo.
La moción, que ayer obtuvo 58 votos a favor, además de pedir la renuncia, proponía que se rechace la injerencia de la Fiscalía en el caso que investiga lo ocurrido con Natalia Emme, de 26 años. El pasado 14 de enero, la joven murió atropellada por un vehículo de la Fiscalía General del Estado, en el cual se movilizaba Aliz Borja, esposa de Pesántez.
Pasadas las 11:30 de hoy, el Fiscal General aseguró que por “la no existencia de motivos jurídicos ni legítimos para renunciar al cargo de Fiscal, como se insinuó en la resolución, y considerando que cualquier decisión en contrario permitiría que poderes fácticos asociados a organizaciones delictivas se tomen por asalto la institución encargada de investigar y perseguir el delito, que con hombría de bien y compromiso social lidero, con el aporte de los 2 000 funcionarios que actualmente conforman la Fiscalía y el respaldo ciudadano, me comprometo a continuar en la profunda transformación y depuración que emprendí en la institución a mi cargo”.
Frente a la resolución de los 58 asambleístas, “manifiesto, fiel a mis principios, mi decisión de permanecer al frente de la institución a la que sirvo con honestidad y dedicación”.
La Asamblea también solicitó a Pesántez que destituya a los 65 funcionarios de la Fiscalía que el 19 de enero publicaron un remitido en EL COMERCIO, en el cual se refirieron al caso Emme, para respaldar al Fiscal y a su esposa.
Pesántez dijo que para destituir se debe observar el debido proceso establecido en el art. 76 de la Constitución. “Por lo tanto, acogiendo parcialmente la exhortación de los 58 asambleístas, he dispuesto que se inicien los respectivos sumarios administrativos, a través del Departamento de Régimen Disciplinario, a fin de que se investigue si el manifiesto institucional transgrede normas legales o éticas que ameriten sanción, y en caso afirmativo proceder en conformidad”.
Propuso al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, y al Consejo de Administración, que designe una comisión de juristas, a fin de que analice el contenido del comunicado. También invitó al Consejo de la Judicatura para que vigile el trámite de los expedientes.
“Al mismo tiempo que reconozco la solidaridad de los funcionarios de la Fiscalía y su expresión de que se respete el principio de presunción de inocencia, manifestado en el comunicado, considero que fue poco oportuno y en adelante solicito se abstengan de hacerlo en asuntos inherentes a mi entorno familiar”.
Sobre el juicio penal que se lleva adelante por la muerte de Emme, añadió que se ha conformado una veeduría ciudadana integrada por Justicia Vial y Covial a la que puede integrarse la familia de la joven, para vigilar la independencia en el trámite.
Análisis:
Dentro de este tema donde se vincula la familia del Fiscal con su trabajo y la sentencia del juicio es indiscutible que la familia de la fallecida crea que no va a existir justicia. Mientras el Fiscal siga en el cargo existirán intereses de por medio que no le permitan actuar adecuadamente. Es por eso que este caso debe ser tomado por otra institución que no tenga vínculo alguno para que pueda actuar de manera justa tomando en cuenta todas las pruebas y declaraciones de los testigos.
El Comercio
27/Enero/2010
