Seis peligros en el proyecto de la Ley de Medios fueron detectados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que pertenece a la OEA.
El informe fue elaborado por Catalina Botero, relatora de Libertad de Expresión de la entidad continental. Ella respondió ayer a una comunicación que le envió el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, para que analice la propuesta legal.
Botero felicitó “la apertura al debate que impulsó la comisión y reconoció el pluralismo y la diversidad social que están contenidas dentro de la propuesta”.
Sin embargo, halló amenazas a las libertades de información y de opinión en el documento final, que será debatido mañana en el Pleno de la Asamblea.
Estas son: la posibilidad de que el Estado pueda ejercer la censura previa, que se obligue a los periodistas a tener un título en Comunicación, el registro de medios, el régimen de sanciones y la autoridad que las aplicará (Consejo de Comunicación), la posible intervención en los contenidos de la prensa y los riesgos contra la reserva de la fuente.
La crítica principal fue para la conformación del Consejo y de sus facultades para sancionar a los medios. “Ordenar el cierre de un medio por el simple ejercicio abusivo de la libertad de expresión, sin que se traten de aquellos medios que usan las frecuencias radioeléctricas, es una decisión extremadamente drástica”.
Sobre este tema, la bancada de Alianza País, que es mayoría en la Asamblea, no concibe una Ley de Comunicación sin un órgano estatal que pueda regular a la prensa y sancionar sus abusos. No cree en la autorregulación de los medios (ver nota inferior).
Para Botero, las facultades del Consejo representan un riesgo para la libertad de expresión, especialmente por su conformación. Se pretende que dos delegados del Gobierno, uno de las universidades y tres de la sociedad civil sean parte de ese órgano.
Para la Relatora, esta conformación no reuniría las garantías suficientes de “autonomía, independencia e imparcialidad”, para aplicar el pliego de sanciones establecidas contra los medios.
Otro de los peligros que detectó Botero es la prohibición de la publicación de cartas y notas sin una firma de respaldo. En su análisis señala que eso puede comprometer la investigación periodística y la publicación de documentos bajo la reserva de la fuente.
Por eso, recalcó que las sanciones previstas en el proyecto pudieran estar en contra del artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
En esa norma se dice que el Estado deberá justificar que las sanciones a la libertad de expresión son “realmente necesarias en una sociedad democrática”.
Betty Carrillo, presidenta de la comisión que redactó la propuesta, aseguró anoche a este Diario que no conocía del informe de la Relatora de la OEA. “Puede ser que haya llegado a mi correo, pero aún no lo he revisado”.
Ella anunció que todas las observaciones de organismos internacionales y de sus colegas de la Asamblea serán tomadas en cuenta para el segundo debate del proyecto en el Pleno.
Hasta el momento, Gustavo Gómez, especialista de la Unesco; organismos como Fundamedios, el Foro de la Comunicación, la oposición y la propia bancada de País, han hecho sus reparos al texto que debatirá la Asamblea.
(…)
Análisis:
Me parece de vital importancia que la propuesta de la ley de comunicación haya sido analizada por un organismo internacional como es la OEA. Es necesario la opinión y la argumentación de esta entidad debido al primer debate que se realizará mañana en el Pleno de la Asamblea. Me parece que la nota es muy especifica en sus declaraciones, tiene la variedad de fuentes necesarias y además adjunto a la nota tiene una análisis de las seis principales puntos con los cuáles no está donde acuerdo la OEA y su explicación del por qué
El Comercio
9/Diciembre/2009
El informe fue elaborado por Catalina Botero, relatora de Libertad de Expresión de la entidad continental. Ella respondió ayer a una comunicación que le envió el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, para que analice la propuesta legal.
Botero felicitó “la apertura al debate que impulsó la comisión y reconoció el pluralismo y la diversidad social que están contenidas dentro de la propuesta”.
Sin embargo, halló amenazas a las libertades de información y de opinión en el documento final, que será debatido mañana en el Pleno de la Asamblea.
Estas son: la posibilidad de que el Estado pueda ejercer la censura previa, que se obligue a los periodistas a tener un título en Comunicación, el registro de medios, el régimen de sanciones y la autoridad que las aplicará (Consejo de Comunicación), la posible intervención en los contenidos de la prensa y los riesgos contra la reserva de la fuente.
La crítica principal fue para la conformación del Consejo y de sus facultades para sancionar a los medios. “Ordenar el cierre de un medio por el simple ejercicio abusivo de la libertad de expresión, sin que se traten de aquellos medios que usan las frecuencias radioeléctricas, es una decisión extremadamente drástica”.
Sobre este tema, la bancada de Alianza País, que es mayoría en la Asamblea, no concibe una Ley de Comunicación sin un órgano estatal que pueda regular a la prensa y sancionar sus abusos. No cree en la autorregulación de los medios (ver nota inferior).
Para Botero, las facultades del Consejo representan un riesgo para la libertad de expresión, especialmente por su conformación. Se pretende que dos delegados del Gobierno, uno de las universidades y tres de la sociedad civil sean parte de ese órgano.
Para la Relatora, esta conformación no reuniría las garantías suficientes de “autonomía, independencia e imparcialidad”, para aplicar el pliego de sanciones establecidas contra los medios.
Otro de los peligros que detectó Botero es la prohibición de la publicación de cartas y notas sin una firma de respaldo. En su análisis señala que eso puede comprometer la investigación periodística y la publicación de documentos bajo la reserva de la fuente.
Por eso, recalcó que las sanciones previstas en el proyecto pudieran estar en contra del artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
En esa norma se dice que el Estado deberá justificar que las sanciones a la libertad de expresión son “realmente necesarias en una sociedad democrática”.
Betty Carrillo, presidenta de la comisión que redactó la propuesta, aseguró anoche a este Diario que no conocía del informe de la Relatora de la OEA. “Puede ser que haya llegado a mi correo, pero aún no lo he revisado”.
Ella anunció que todas las observaciones de organismos internacionales y de sus colegas de la Asamblea serán tomadas en cuenta para el segundo debate del proyecto en el Pleno.
Hasta el momento, Gustavo Gómez, especialista de la Unesco; organismos como Fundamedios, el Foro de la Comunicación, la oposición y la propia bancada de País, han hecho sus reparos al texto que debatirá la Asamblea.
(…)
Análisis:
Me parece de vital importancia que la propuesta de la ley de comunicación haya sido analizada por un organismo internacional como es la OEA. Es necesario la opinión y la argumentación de esta entidad debido al primer debate que se realizará mañana en el Pleno de la Asamblea. Me parece que la nota es muy especifica en sus declaraciones, tiene la variedad de fuentes necesarias y además adjunto a la nota tiene una análisis de las seis principales puntos con los cuáles no está donde acuerdo la OEA y su explicación del por qué
El Comercio
9/Diciembre/2009
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