María Elena Bedoya subió ayer a los graderíos de la tribuna de la av. De los Shyris (norte de Quito) en medio de aplausos.
Sus manos temblaban al tomar el micrófono. Tenía al frente a cientos de personas vestidas de blanco. Algunas, con la foto de su hija impresa en la camiseta. “Gracias por venir a esta protesta. Tenemos que lograr que se haga justicia y se castigue al responsable de la muerte de Natalia Emme”.
Su hija, de 26 años, falleció el jueves arrollada por un jeep Grand Vitara SZ sin placas.
“Hay seis testigos que vieron a la esposa del Fiscal tras el volante. Ahora la justicia miente para evitar que esa señora vaya a la cárcel, solo porque es esposa de una autoridad”, dijo desconsolada.
Esos testigos apuntan a Aliz Borja, esposa de Washington Pesántez. Sin embargo, la Fiscalía ha insistido en lo contrario y no solo dentro del juicio. En un remitido publicado ayer en la prensa, 65 funcionarios de la institución, entre ellos los fiscales provinciales, directores nacionales, asesores y funcionarios respaldaron la tesis de la defensa de Borja. Según ella, el jeep era conducido por el policía Wilson Velasteguí, mientras Borja iba en el asiento posterior.
En el remitido se dice que Aliz Borja, médica de profesión, “cumpliendo su sagrada misión de prestar auxilio y socorrer a sus semejantes... descendió del asiento trasero del automotor y atendió a la víctima”.
La cita fue leída ayer, durante la concentración en la av. De los Shyris y provocó la reacción de Verónica Velasco. Ella subió a la tribuna y dijo que el jueves Borja solo bajó del jeep para subirse a otro vehículo de la Fiscalía, que iba detrás del Grand Vitara SZ con su seguridad. “Yo fui quien le dio los primeros auxilios y llamé a la ambulancia. Cuando la revisé no tenía pulso. A Dios no podrán mentirle”, dijo indignada.
En el comunicado de los fiscales también se dice que luego del accidente “un individuo de nacionalidad cubana, acompañado de otro sujeto colombiano, uno de los cuales registraría antecedentes penales, irresponsablemente instigaron a los curiosos lanzando gritos... contra la prestigiosa médica (Borja)”. De esto también se responsabilizan los firmantes.
Además, que el Fiscal General “ratificando una vez más su calidad humana y su hombría de bien”, el mismo día de los hechos se solidarizó con los familiares de la joven fallecida sin que esto implique “ni remotamente aceptación alguna de culpabilidad, peor aún signos de debilidad”.
Para la asambleísta de País, Rosana Alvarado, este documento es una evidencia de que el caso no se está manejando con imparcialidad. “La Fiscalía no puede tomar parte de una forma tan directa y vergonzosa. Qué testigo va a declarar sabiendo que todos los fiscales están en su contra”.
Este espíritu de cuerpo que muestra el Ministerio Público, agrega Alvarado, podría tomarse jurídicamente como prevaricato. “Los funcionarios que incurren en este delito pueden ser enjuiciados políticamente. En este caso es vital que intervenga el Consejo de la Judicatura para que revise el accionar de los fiscales”.
Los familiares de Natalia creen necesaria la renuncia del fiscal Pesántez. “Esto no es solo por la muerte de Natalia, sino por la necesidad de un país de tener una justicia independiente. Hay que hablar por todas las víctimas de la impunidad”, dijo Luisa Emme, hermana de la joven fallecida.
Francisco Simbaña, de 45 años, aplaudió desde la última grada de la tribuna el discurso. Tenía en sus manos un cartel con la fotografía de su hijo, Cristhian, de 19 años.
Él falleció en otro accidente de tránsito, el 29 de mayo de 2009. Su padre asegura que inició un juicio contra el conductor del bus escolar que lo atropelló y contra la casa de salud que lo atendió, pero hasta ahora no logra resultados. “El fiscal de Tránsito llegó a decirme que vaya a quejarme con quien quiera”. Por ello Simbaña se solidarizó con los familiares de Natalia y los acompañó ayer.
Análisis:
En la nota se detalla un punto muy importante. Este se refiere a lo que dice la asambleísta de Pais, quien declara que la fiscalía no debería tomar ese caso y quien debería respaldar es el Consejo de la Judicatura, para que de esta manera se pueda actuar de forma imparcial y con justicia y no se defiendan ningún tipo de intereses.
El Comercio
20/Enero/2010
